CORRUPCIÓN, SEPARACIÓN DE PODERES Y TECNOCRACIA

Estos días estamos siendo testigos de una sucesión imparable de escándalos de corrupción política. No es desgraciadamente una situación nueva en esta época en la que vivimos y que parte del inicio de la última restauración borbónica. Coincidiendo con estas noticias se han vuelto a oír voces en los medios clamando en favor de leyes de transparencia y de una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos, tratando de poner remedio a lo que en realidad es un problema endémico.
Tal y como está diseñado el sistema, para llegar a obtener cuotas significativas de representación política se necesita mucho dinero, no sólo para financiar campañas electorales, sino también para mantener grandes y costosas estructuras organizativas en apoyo de los representantes y de las cúpulas de los partidos. De hecho, la magnitud de las necesidades económicas de los partidos combinada con un débil potencial militante hace que estas organizaciones dependan más de capitales inversores que de auténticas donaciones "idealistas". Pero es evidente que si alguien encuentra sensato invertir mucho dinero en una campaña electoral, en la financiación de un partido, o en las retribuciones de determinados políticos, es porque le parece "un buen negocio".
Los estudiantes de Ciencias Políticas saben que existen análisis de nuestro sistema representativo en términos de mercado, público objetivo, rentabilidad, etc. y que consideran los puestos ganados en las administraciones y en las cámaras representativas como indicadores de retorno de la inversión. También desde los propios partidos no son pocos los que hablan del valor de su marca (sus siglas), de su posicionamiento estratégico dentro de las preferencias del mercado (el electorado), y otras perlas que denotan la visión de la política como un negocio. No puedo evitar en este contexto recordar lo que dijo el político del PP Francisco Camps en una escucha telefónica que más tarde se consideró ilegal: "Yo me he metido en política para ganar dinero".
Con todo esto no quiero demonizar todo lo que es política, ni a todos los políticos, ni a todos los partidos. Desde un punto de vista social, el problema no es la maldad humana sino el hecho de que haya un lugar en el que la maldad pueda prosperar.

En el sistema político actual del indicador de éxito de los partidos políticos es la capacidad para formar gobiernos, por mucho que en teoría lo que intentamos elegir en votación son los representantes en las cámaras legislativas o en los plenos de los municipios. Tanto es así que incluso cuando un partido consigue una mayoría relativa tras unas elecciones, su resultado se considera un fracaso si no consigue suficientes apoyos como para decidir la formación del gobierno: son las posiciones de gobierno y no las leyes lo que es importante determinar.
La razón está muy clara. Quien tiene el gobierno se ve con la capacidad para nombrar toda la cúpula directiva de la Administración que se convierte en su instrumento, y también puede determinar el trabajo y el sentido de la actividad legislativa produciendo en el momento y con los ritmos que le convenga decretos, decretos legislativos y proyectos de ley que los representantes de las cámaras legislativas no tendrán otro trabajo que revalidar con relativamente pocas sorpresas. Incluso, puede dictar o al menos determinar el nombramiento de sus teóricos controladores: desde los interventores, secretarios y tesoreros hasta los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. También pueden cuando conviene ahogar a los jueces con todo tipo de papeleo y falta de recursos materiales si quieren enlentecer una causa y en el caso del gobierno del Estado, también pueden indultar a cualquier amigo condenado por un juez que a pesar de todo y contra pronóstico se haya atrevido a hacer su trabajo.
Esta concentración de poder, con acceso directo a los recursos derivados de los impuestos, es una tentación demasiado poderosa para la mayoría y no son pocos los que abusan de ese poder incluso "con buenas intenciones".
En este contexto, la complicidad o la subordinación de los políticos con los ostentadores del poder económico, sea abierta y legal o clandestina y delictiva, no conduce a otra cosa que a la creación de un monstruo que controla desde el contenido de la información que aparece en los medios de comunicación hasta los precios de los bienes y servicios básicos de la población pasando por todo lo que podamos imaginar.
No bastaría con sustituir los políticos actuales por otros si no hay un cambio esencial del marco de comportamiento. Para recuperar el control democrático de las sociedades hay que romper el poder monolítico actual e instaurar una auténtica separación de poderes, que deberán estar sometidos a un auténtico control democrático y que deberán fiscalizarse mutuamente.
Para empezar, todo aquel candidato a representante que quisiera comprometerse con este ideal debería renunciar a la gestión directa de la Administración más allá de desnudarla de la legión de cargos "de confianza", debería establecerse un sistema meritocrático de provisión de directivos entre los funcionarios de carrera y debería retirarse al ejecutivo de sus atribuciones legislativas o paralegislativas. El poder legislativo formado por representantes electos dictará al ejecutivo las prioridades del ejercicio de sus funciones y controlar su correcto funcionamiento, pero no debe nombrar de entre sus miembros a los titulares del poder ejecutivo.
En cuanto al poder judicial, debe ser una administración distinta e independiente de la del ejecutivo, con recursos propios y unas fiscalías de dimensión flexible con capacidad para adaptarse a la instrucción eficaz de los casos judiciales más complejos, para evitar que los responsables de las tramas delictivas más complejas no mueran de viejos tranquilamente en sus camas sin llegar a ver dictadas sentencias firmes contra sus actos.

Hay quienes a la propuesta que hago de apartar a los políticos de la gestión directa de los gobiernos y las administraciones la llamaría Tecnocracia. Más bien es todo lo contrario. La fusión de intereses entre legisladores, gobernantes, grandes fortunas, corporaciones multinacionales, organismos plurinacionales (UE, BM, FMI, GX, etc.), hace que en los últimos años los políticos con una mínima pátina ideológica se vean progresivamente sustituidos por expertos y consultores especialistas en extraer los ciudadanos todo el jugo posible. Esto si que es Tecnocracia.
En una situación de separación de poderes, sería más fácil que los políticos realmente lo fueran, que los representantes se dedicaran realmente a promover los intereses y preferencias de sus representados y que los directores de las administraciones se aplicaran a hacer de la mejor manera posible lo que se espera de ellos, siempre bajo el gobierno de la ley, entendida como expresión de la voluntad del pueblo.
Los pensadores del siglo XVIII que concibieron el sistema democrático moderno comenzaron hablando de división de poderes. Ahora toca volver a hablar.