El problema del 3%

«Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%». ¿Quién no recuerda la que fue una de las últimas maragalladas de Pasqual Maragall? Estas palabras las dijo en sede parlamentaria en una réplica al que entonces era jefe de la oposición, el actual presidente Artur Mas, pero pocos quisieron explorar el significado y las consecuencias de esta frase. Empezando por el propio Pasqual Maragall, que rectificó unos instantes más tarde y no quiso profundizar en una acusación velada de la que no tenía pruebas de que quisiera o pudiera presentar a la Justicia. Esto ocurrió en marzo del año 2005, y desde entonces la cantidad de indicios, acusaciones, procesamientos y confesiones que han sacudido la opinión pública de todo el Estado han sido tan abundantes que muchos pensamos que quizás ese 3% se quedaba corto y que, naturalmente, no era un recurso exclusivo de un determinado partido político catalán o español.

¿Qué impacto económico tendría la existencia de comisiones de este tipo? Según diversas fuentes oficiales, la contratación pública de obras, bienes y servicios públicos supuso en 2011 el 15,5% del PIB, que ese año ascendió a 1.046.327 millones de euros. El 3% de esta cantidad ascendería a más de 31 mil millones de euros y casi el 0,5% del PIB sólo en un año.

Se puede argumentar que no todas las contrataciones son fraudulentas, y seguramente no lo son, pero hay indicios que dan plausibilidad a la tesis del cobro generalizado de comisiones por parte de los partidos políticos en concepto de adjudicaciones de contrataciones con la Administración:

1. La percepción de los empresarios. En una encuesta realizada por la Comisión Europea, el 97% de las empresas españolas entrevistadas declararon que «la corrupción es un problema muy extendido en España».

2. La relativa frecuencia con la que se produce una revisión al alza del precio de las licitaciones públicas.

3. La relativa ausencia de sanciones económicas a las empresas contratistas por incumplimiento de sus obligaciones.

4. El hecho de que en nuestro país todas (sí, todas) las personas que tienen la última palabra en la adjudicación de contratos en nombre de la Administración sean un político o hayan sido nombradas por el procedimiento de libre designación por un político. En este contexto la posibilidad de perder el cargo es mucho más inmediata y cierta si se desobedece una indicación del aparato o del líder político de turno que si se trata de manera irregular una decisión de contratación.

En cuanto a los controles que establece la normativa de contratos públicos, hay miles de maneras de burlarla para adjudicar cada contrato a la empresa que se haya decidido de antemano que debe ganar, desde la no siempre fácil de detectar fragmentación de contratos (para evitar procesos de libre concurrencia) hasta la simple pero efectiva información privilegiada combinada con la redacción de pliegos a medida.

No sabemos si todas o simplemente la mayoría de las empresas contratistas pagan comisiones por sus adjudicaciones, pero es evidente que las condiciones para que así sea están presentes y que la punta del iceberg que representa los casos que de momento han aflorado nos hacen temer lo peor.

Sólo hay una manera de detener la corrupción: Es imprescindible separar y hacer independientes entre sí los ámbitos de decisión política (el ámbito de decir qué se debe hacer) de los de gestión pública (el ámbito de organizar los medios para hacer lo que alguien ha decidido que se haga). La política no puede ser organizada ni tener los retornos propios de un negocio... familiar.