Por poco que se sigan las noticias del ámbito político y legislativo es fácil darse cuenta de que el gobierno del PP maneja la máquina de legislar como si fuera la última vez que pudieran disfrutar de mayoría absoluta. Des-regular y hacer una contrarreforma tras otra, hacer desaparecer derechos y hacer aparecer normas represivas que se tenían por superadas es el contenido semanal de la actividad del gobierno tal como podemos comprobar en la mayoría de las ruedas de prensa de los viernes.

Hay un tema sin embargo que me ha llamado la atención y que pienso que merece ser examinado. Resulta que el ministro Gallardón está preparando una modificación del código civil para facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España por el Edicto de Granada, que promulgaron los Reyes Católicos en 1492 a instancias del Gran Inquisidor.

La medida en concreto permitiría a todos los judíos que pudieran demostrar su pertenencia a la rama sefardita del judaísmo adquirir la nacionalidad española siguiendo un trámite administrativo, sin necesidad de haber residido nunca en España ni tener intención de hacerlo, y sin tener que renunciar a cualquier otra nacionalidad que puedan tener actualmente. Se trata de todo un regalo que ya está levantando mucho revuelo en Israel, por la perspectiva que da de conseguir un pasaporte de la Unión Europea sin tener que renunciar a la nacionalidad israelí, y por lo tanto tener abiertas todas las puertas de la Unión Europea para viajar, trabajar, estudiar o lo que sea.

A primera vista, parece de justicia reparar la indefendible expulsión que ordenaron los muy católicos reyes, pero el caso es que por un lado los judíos sefardíes no fueron ni mucho menos las únicas víctimas de la Historia de España y por otro lado la reparación de su caso ya está bastante hecha desde hace años.

Así, en 1924, el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera promulgó un decreto legislativo que aún sin mencionar a los judíos sefardíes les facilitaba la adquisición de la nacionalidad española "por carta de naturaleza", y de hecho pudieron usar esta norma para adquirir la nacionalidad y la protección del estado español durante muchos años. Esta norma por ejemplo se usó para proteger a un buen número de judíos sefardíes que huyendo de la persecución nazi consiguieron un pasaporte español y con él escaparon de la muerte.

En 1969 otro dictador, Franco, derogó formalmente el Edicto de Granada de 1492, asegurando de esta manera que ningún judío se debiera sentir expulsado ya de España, y en 1982, gobernando todavía la UCD bajo la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, se modificó el código civil español para acelerar la adquisición de la nacionalidad española (acreditando sólo dos años de residencia legal) a "los sefardíes".

Con todo ello no se acaba de entender esta generosa pasión reparadora del agravio de 1492 por parte del gobierno de un estado que a estas alturas no ha movido ni una coma de la expulsión de los moriscos de 1609 a 1610 (un caso muy parecido si es que no idéntico al de los sefardíes), ni ha buscado a los descendientes de los exiliados de tantas guerras civiles que ha habido, ni ha pedido perdón por los crímenes cometidos por 4 siglos de imperio colonial... y más aún un gobierno como el actual que tiene consciente y deliberadamente paralizada la recuperación de la memoria histórica y extrema las medidas represivas contra la inmigración ilegal (especialmente cuando se trata de gente pobre).

¿La reforma que quiere hacer ahora el PP en favor de la comunidad sefardí es justa? Examinado el caso comparativamente claro que no. Como mínimo y en la misma lógica los descendientes de los moriscos deberían tener un trato equivalente, y no es el caso ni con este proyecto ni en la versión actual del código civil, que ya menciona como he dicho antes a los sefardíes. El derecho de adquirir la nacionalidad española con sólo dos años de residencia se otorgó con la modificación del código civil de 1954 (con Franco) para los nacionales de los países iberoamericanos y de Filipinas, y en 1982 se amplió a los nacionales de Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal y como ya he dicho "los sefardíes" (sean de donde sean). Como se ve una relación hecha con mucho espíritu imperial pero que descuida otros antiguos dominios o condominios de la gloriosa historia de la España imperial, como los países bajos, el sur de Italia, el norte de Marruecos, el Sidi-Ifni o el Sáhara Español. Y obviamente excluye a los descendientes de los moriscos, repartidos especialmente por todo el norte de África y el Mediterráneo oriental.

¿La discriminación positiva en la adquisición de la nacionalidad es necesaria? Países como Francia o Alemania no tienen disposiciones de discriminación positiva a la hora de adquirir la nacionalidad y las muy generosas que tenía el Reino Unido justo después de la era victoriana se acabaron limitando mucho para evitar que medio mundo se paseara con un pasaporte británico en el bolsillo. En una visión realmente democrática de la soberanía y la ciudadanía, la nacionalidad no es un privilegio otorgado por el gobernante sino un derecho que se corresponde con la convivencia en régimen de igualdad en el territorio que delimita el estado-nación. Ningún gobierno debería poder ir regalando pasaportes que por cierto no harán pagar necesariamente impuestos pero sí darán derecho a voto por correo a través del correspondiente consulado. En este sentido el lector ya se habrá dado cuenta por cierto de que todos estos cambios para introducir preferencias en la adquisición de la nacionalidad los han introducido siempre gobiernos de la derecha más recalcitrante.

¿Qué consecuencias pueden tener estas disposiciones? Si el PP saca adelante el cambio que quiere hacer, sin moverse de su casa ni renunciar a su nacionalidad actual podrían adquirir la nacionalidad española todos los sefardíes que lo deseen, y sólo en el Estado de Israel hay unos 2 millones de sefardíes (fuera de Israel, repartidos por todo el Mundo seguro que hay un número aún mayor, no se tiene ni idea de cuántos). ¿Esto no es problema? Nunca se adoptaría una medida equivalente para los descendientes de los moriscos, porque de éstos sólo en Marruecos, es decir, aquí al lado, ya hay 5 millones y como muchos de estos sí que vendrían, el ferry de Algeciras no daría abasto. Vengan o no vengan a residir y a reclamar servicios en España, la nacionalización de millones de ciudadanos extranjeros sería un hecho como mínimo políticamente desestabilizante y socialmente inasumible.

Lo que necesitamos imperiosamente son políticas de residencia y de nacionalidad que resuelvan de forma justa la situación de todas las personas que ahora mismo malviven sin papeles en este país y por lo tanto sin la posibilidad de acceder a un trabajo legal ni de gestionar con normalidad el día a día de su existencia. Y el PP por cierto va exactamente en la dirección contraria en este tema.

Que se dejen de jugar con la nación y la nacionalidad española. Quizás están pensando en empadronar a todos los sefardíes que pidan la nacionalidad en territorio catalán a efectos electorales, para ver si así rebajan la mayoría independentista.

En 1492 se dice que se expulsaron entre 50.000 y 200.000 sefardíes como máximo. Sólo en 2011 se expulsaron 11.000 migrantes sin papeles. ¿Dentro de 521 años alguien hablará de dar papeles a los descendientes dispersos por el Mundo de esta última gente? Cada cosa tiene su momento y el problema lo tienen y lo tenemos ahora.