(Presentación del Eje de Municipalización y procesos de gestión de los servicios públicos que hice el 21 de noviembre dentro de la III Trobada Popular Municipalista)

El 24 de mayo de 2015 se celebrarán las décimas elecciones municipales del régimen actual. Por décima vez candidaturas de todo tipo, y entre ellas algunas autoconsiderades de izquierdas, pedirán el apoyo de los electores para tener la oportunidad de llevar a la práctica su particular proyecto de ciudad y por lo menos en teoría, servir de la mejor manera posible a los ciudadanos con el ejercicio de las potestades y el uso de los recursos de todo tipo de la administración municipal.

En el caso de la ciudad de Barcelona, en 8 de las 9 veces anteriores ha estado formando parte del gobierno por lo menos una candidatura que cada vez se ha presentado recogiendo en su programa la mayoría de las aspiraciones populares de los asalariados, de la gente de los barrios, los jóvenes, los pensionistas, de la población en riesgo de exclusión social... Cada vez ha habido alguien en el gobierno municipal que se ha presentado con el compromiso de buscar y aplicar soluciones a los problemas de vivienda, los problemas de medio ambiente, que ha presentado entre sus prioridades la disponibilidad de un sistema de transporte sostenible, eficiente y a precios populares... La mayoría de las propuestas que estamos debatiendo y que continuaremos debatiendo ha sido recogida explícita o implícitamente en más de un programa electoral anterior, y no lo dudemos, también se recogerán en el programa de otras candidaturas diferentes a la que dará a luz la Trobada Popular Municipalista.

Diréis que nosotros no estamos haciendo un ejercicio de mercadotecnia, que estamos trabajando para definir un programa a través de una discusión amplia y abierta a todos los sectores populares de la ciudad. Otros replicarán, de forma documentada, que han hecho repetidamente procesos similares en el pasado.

Nosotros diremos al fin que LO HAREMOS, si tenemos oportunidad. No tengamos duda de que en 9 ocasiones anteriores muchos creían sinceramente lo mismo respecto de las candidaturas a las que apoyaban incluso formando parte de forma destacada.

Y aquí estamos, convencidos de ser diferentes y bien dispuestos a presentar una candidatura que tendrá buenas posibilidades de determinar la política municipal de los próximos años.

Pero bien mirado, en que somos (o podemos ser) diferentes?

Permitirme hacer un pronóstico. Si los concejales electos por nuestra candidatura resultan ser decisivos en el próximo consejo plenario, a partir del 25 de mayo de 2015 o nosotros como colectivo transformamos el mismo diseño de la administración y la organización del Ayuntamiento o será el Ayuntamiento y su administración la que nos transformará a nosotros.

Y es que cuando hablamos de cambiar la administración municipal rompiendo la político-tecnocracia y subordinando las decisiones estratégicas a la democracia directa, fácilmente muchos pensaremos que las urgencias son otras, y muy importantes. Que hay demasiada gente que no puede esperar más porque está a punto de ser expulsada de su barrio, que los niños y los jóvenes de ahora dejarán de serlo sin haber conocido un entorno social que les haya ayudado a su integración, que las raíces de la especulación y la explotación económica están profundizando tanto en el tejido de nuestra ciudad que cada vez nos costará más sacarlas fuera. Todo esto es dramáticamente urgente, pero si no asumimos la transformación de la administración y la organización del Ayuntamiento como una prioridad irrenunciable, incluso estas otras prioridades directamente y relevantemente urgentes también naufragarán.

Y en qué sentido hemos de cambiar la administración y la organización municipal?

Muchos de nosotros, aún ahora, cuando hablamos de la administración municipal hablamos de participar en las decisiones del Ayuntamiento, reclamamos que el Ayuntamiento nos escuche, que negocie con las entidades y colectivos, que tenga en cuenta nuestras propuestas. Y es que estamos acostumbrados y damos por hecho que el diseño y la inspiración de las políticas municipales efectivas no nacen en las reuniones del Consejo Plenario ni en los Consejos de Distrito. En realidad, tampoco nacen en las distintas comisiones del Consejo Plenario, e incluso, tampoco en la Comisión de Gobierno. Son algunas decenas de gerentes y unos cientos de directores los que nominalmente inspirados en unas consignas genéricas, determinan el uso efectivo de los recursos públicos organizando programas, repartiendo subvenciones, adjudicando contrataciones y redactando ordenanzas y reglamentos que obedientemente aprobará el Consejo Plenario.

Ciertamente, estos gerentes y directores no son independientes del poder político, pero su dependencia se basa sólo en el hecho de que han sido nombrados por el Alcalde o por alguno de los concejales de su gobierno, y esta es una especie de dependencia fatalmente contaminada por las fidelidades personales en vez de serlo por el sentido del deber para con el servicio público. Es por ello que inevitablemente los gerentes y los directores diseñan, inspiran y ejecutan las políticas que mejor sirven a los intereses de sus patrocinadores y no a los intereses de los representados. O peor aún y en el margen que pueden, se hacen servicio a sí mismos superando o no la frontera de la corrupción tipificada por las leyes.

Y ya que hablamos de corrupción, hay que denunciar de una vez que en la gran mayoría de los casos está ligada a la contratación pública y a la concesión de subvenciones, dos actividades indisociables de la que conocemos como gestión pública indirecta. Invito a los presentes a revisar los muy abundantes casos que se conocen y se han conocido durante todo este tiempo y comprobarlo. Y siendo así, las medidas básicas presupuestarias, de personal y de gestión pública que emanan del gobierno del Estado y de la Unión Europea empujan a todas las administraciones (de buena gana, hay que decirlo) a expandir el ámbito de la gestión pública indirecta.

Sólo hay una manera de romper este estado de cosas, y no será simplemente moviendo las personas de las poltronas. Lo que hay que hacer es implantar una renovada ética de la función pública en la que los funcionarios sólo tengan que responder de su actuación directamente ante los ciudadanos y de acuerdo con las leyes y normas democráticas vigentes. Reservemos la libre designación únicamente al gerente municipal y que esta designación la haga el Consejo Plenario entre candidatos convenientemente cualificados, ya integrados previamente a la misma administración y con una trayectoria de compromiso profesional con el servicio público.

Naturalmente, esto no es suficiente. Debemos crear consejos ciudadanos para cada equipamiento y servicio público a fin de que las decisiones en cuanto a la programación, modalidades de uso, priorización, etc. se recuperen para el control colectivo. Las entidades y colectivos vecinales no necesitan hacer las compras de material de oficina ni pintar las paredes de los equipamientos, lo que tienen que poder hacer es decidir qué se hace con los equipamientos y pedir explicaciones a la administración en cuanto a su apoyo material y logístico. No al revés.

Esta lógica aplicada a la gestión de los equipamientos también se ha de trasladar al conjunto de los servicios públicos: las políticas municipales de vivienda, los planes de usos, los servicios sociales, los espacios públicos, la movilidad... consejos ciudadanos de cada ámbito y territorio deben poder auditar la actuación de la administración municipal tanto como la representación política, y en su caso censurar a sus responsables.

En otro orden de cosas, debemos ser conscientes del peso directo de la administración municipal en la economía de la ciudad. En datos de 2010, el presupuesto global del Ayuntamiento de Barcelona representó más del 4% del PIB de toda la ciudad, sin contar las aportaciones presupuestarias a consorcios, fundaciones y entidades metropolitanas controladas por el Ayuntamiento y las que hacen otras administraciones como la Diputación de Barcelona, la Generalitat, el gobierno del Estado u otros municipios de la región metropolitana. A todo el mundo le preocupa el destino de estos recursos y de eso hablamos y hablaremos ampliamente, pero no es trivial considerar el impacto sobre la distribución de la riqueza y la desigualdad social que tiene la forma de gestión de un presupuesto tan grande.

No es difícil darse cuenta de que cuando, por ejemplo, se contrata una gran empresa de jardinería para el mantenimiento de un parque, se están generando beneficios para esta empresa que seguramente se liquidarán lejos de Barcelona, mientras que para hacer posible aquellos beneficios los trabajadores que realizarán de forma directa el servicio deberán soportar condiciones salariales y de trabajo más duras. En contraste, la gestión directa asegura que si hay ahorros por mejoras en la eficiencia, estos ahorros se devolverán al presupuesto municipal para su reutilización, a la vez que se garantiza que no se generarán rentas personales injustificadamente desiguales por la gestión de este servicio.

La gestión pública directa favorece como ninguna otra la redistribución y la conservación de la riqueza en el ámbito territorial de la administración y es la única que está en condiciones de mantener a largo plazo la calidad y la dignidad de los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos.

Por último, hay que simplificar e introducir transparencia en la administración municipal, actualmente formada por una constelación de institutos, agencias, patronatos, consorcios, fundaciones, empresas públicas y participadas, entidades metropolitanas, etc. (no menos de 60!). Hoy en día no existe ninguna fuente pública de información que permita analizar el uso del presupuesto final de todo este entramado, y aunque la información fuera accesible de forma pública habría que dedicar muchísimas horas a analizarla para sacar conclusiones. No hay auténticas necesidades o conveniencias de gestión que justifiquen este fraccionamiento de la administración que no sea la rotura de las plantillas de trabajadores, la generación de opacidades en la gestión y la multiplicación de cargos directivos con los que mantener y premiar a los fieles.

Deshagamos la telaraña de intereses oscuros que impide una gestión de los servicios públicos municipales en interés y en favor de la ciudadanía.

«Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%». ¿Quién no recuerda la que fue una de las últimas maragalladas de Pasqual Maragall? Estas palabras las dijo en sede parlamentaria en una réplica al que entonces era jefe de la oposición, el actual presidente Artur Mas, pero pocos quisieron explorar el significado y las consecuencias de esta frase. Empezando por el propio Pasqual Maragall, que rectificó unos instantes más tarde y no quiso profundizar en una acusación velada de la que no tenía pruebas de que quisiera o pudiera presentar a la Justicia. Esto ocurrió en marzo del año 2005, y desde entonces la cantidad de indicios, acusaciones, procesamientos y confesiones que han sacudido la opinión pública de todo el Estado han sido tan abundantes que muchos pensamos que quizás ese 3% se quedaba corto y que, naturalmente, no era un recurso exclusivo de un determinado partido político catalán o español.

¿Qué impacto económico tendría la existencia de comisiones de este tipo? Según diversas fuentes oficiales, la contratación pública de obras, bienes y servicios públicos supuso en 2011 el 15,5% del PIB, que ese año ascendió a 1.046.327 millones de euros. El 3% de esta cantidad ascendería a más de 31 mil millones de euros y casi el 0,5% del PIB sólo en un año.

Se puede argumentar que no todas las contrataciones son fraudulentas, y seguramente no lo son, pero hay indicios que dan plausibilidad a la tesis del cobro generalizado de comisiones por parte de los partidos políticos en concepto de adjudicaciones de contrataciones con la Administración:

1. La percepción de los empresarios. En una encuesta realizada por la Comisión Europea, el 97% de las empresas españolas entrevistadas declararon que «la corrupción es un problema muy extendido en España».

2. La relativa frecuencia con la que se produce una revisión al alza del precio de las licitaciones públicas.

3. La relativa ausencia de sanciones económicas a las empresas contratistas por incumplimiento de sus obligaciones.

4. El hecho de que en nuestro país todas (sí, todas) las personas que tienen la última palabra en la adjudicación de contratos en nombre de la Administración sean un político o hayan sido nombradas por el procedimiento de libre designación por un político. En este contexto la posibilidad de perder el cargo es mucho más inmediata y cierta si se desobedece una indicación del aparato o del líder político de turno que si se trata de manera irregular una decisión de contratación.

En cuanto a los controles que establece la normativa de contratos públicos, hay miles de maneras de burlarla para adjudicar cada contrato a la empresa que se haya decidido de antemano que debe ganar, desde la no siempre fácil de detectar fragmentación de contratos (para evitar procesos de libre concurrencia) hasta la simple pero efectiva información privilegiada combinada con la redacción de pliegos a medida.

No sabemos si todas o simplemente la mayoría de las empresas contratistas pagan comisiones por sus adjudicaciones, pero es evidente que las condiciones para que así sea están presentes y que la punta del iceberg que representa los casos que de momento han aflorado nos hacen temer lo peor.

Sólo hay una manera de detener la corrupción: Es imprescindible separar y hacer independientes entre sí los ámbitos de decisión política (el ámbito de decir qué se debe hacer) de los de gestión pública (el ámbito de organizar los medios para hacer lo que alguien ha decidido que se haga). La política no puede ser organizada ni tener los retornos propios de un negocio... familiar.

En otros artículos anteriores ya he hablado de cómo la servidumbre a la deuda pública se ha convertido en la causa original de la crisis económica y el obstáculo para lograr salir de ella. La idea básica (la recuerdo) es que el pago de los intereses y del principal de la deuda de las administraciones extrae una cantidad creciente de recursos del sistema económico del país (especialmente si los acreedores son extranjeros, como la banca o fondos de inversión de otros países) lo que hace imposible un mínimo crecimiento.

Son muchos los que denuncian como yo las muchas perversiones de la situación actual de endeudamiento de todas las administraciones públicas. Aquí en España tenemos muy especialmente la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que aboga por separar la deuda legítima de la ilegítima y simplemente negarse a reconocer y a devolver lo que se considera ilegítimo. En el ámbito internacional también se habla de la deuda odiosa, entendiendo que sería aquellacontraída por el gobierno contra los intereses de la población del mismo país y con el pleno conocimiento de esta circunstancia por parte del acreedor; es un concepto que funciona bastante bien cuando hablamos de dictaduras, pero es más difícil de aplicar en otros casos.

Encuentro que esta taxonomía de la deuda es necesaria y sus conclusiones correctas: no hay que pagar por lo que es ilegítimo u"odioso", pero aún así ni podemos esperar ahora a que efectivamente se haga la demandada auditoría de la deuda (de forma suficientementereconocida en el ámbito estatal o europeo), ni es una solución eficaz a largo plazo para prevenir el endeudamiento suicida, sea éste legítimo o ilegítimo, adorable u odioso.

Desde mi punto de vista lo que hace falta es hacer exactamente lo contrario de lo que pretende establecer el artículo 135 de la Constitución Española tal y como quedó cuando loreformaron a toda prisa y cogidos de la mano el PP y el PSOE a finales del verano de 2011. Enconcreto y como se recordará, en el punto 3 de este nuevo artículo se dice que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta". Yo creo por elcontrario que lo que hay que hacer es proteger los compromisos sociales y programáticos entre los poderes públicos y la población, y limitar de una forma clara e incontestable el máximo de los recursos que se pueden destinar en los presupuestos públicos al pago de intereses y del principal de la deuda financiera de todas las administraciones.

¿Y cómo se pueden proteger estos compromisos? Desde mi punto de vista la clave está en el mantenimiento del gasto y la inversión finalista per cápita, sin entrar en más disquisiciones teóricas o técnicas: hay que observar cuál es el volumen de esta parte del presupuesto respecto del total, compararlo con los ingresos no financieros y preservar estas partidas siempre que no superen el total de los ingresos no financieros. Si los ingresos no financieros son superiores, la diferencia constituiríala parte máxima que se podría destinar a pagar los intereses y el principal de la deuda. Si los ingresos no financieros son inferiores, pues habrá que subir impuestos o que reducir inversiones, pero no para pagar deuda sino para cumplir con los compromisos.

Otra forma de plantear el límite del presupuesto destinado a devolver la deuda se podríaarticular sobre el concepto de PIB per cápita y de su incremento en términos reales (descontado el efecto de la inflación). Se trataría de determinar el porcentaje del PIB que supone este incremento real del PIB per cápita y dividirlo por la mitad. Como máximo una de estas mitades se podría utilizar para devolver deuda.

Naturalmente, en una situación como la actual el volumen de deudas es mayor que este hipotético saldo favorable de los ingresos no financieros o que esa mitad del crecimiento real del PIB per cápita, y en este caso lo que hay que hacer es priorizar qué deudas se vuelven antes y cuálesdeben esperar. ¿La respuesta? Se devuelve primer dinero a los acreedores que reclamen unos intereses más bajos al cancelar el principal de sus préstamos, cuando no propongan directamente una quita parcial(cuanto más grande mejor para conseguir preferencia) del volumen total de la deuda. Quien pueda reclamar y reclame intereses más altos, que espere a que el crecimiento de la economía o que el pago a otros acreedores menos exigentes permita a la administración hacer frente a sus exigencias.

Y faltaría considerar como evolucionarían estos límites de año en año en el sistema de cálculo presupuestario. Teníamos la referencia del gasto y de la inversión per cápita no financieras, al año siguiente habría que ver cómo ha evolucionado la población y la inflación, y cómo han evolucionado las bases imponibles de las tasas e impuestos que nutren los ingresos no financieros. Si el crecimiento porcentual de las bases imponibles es superior al crecimiento de los gastos e inversiones socialmente comprometidas, la mitad de este crecimiento se podría destinar a aumentar la partida de las obligaciones financieras (no todo, porque esto comprometería la evolución de la economía).
La principal objeción a este planteamiento sería que en estas condiciones posiblemente nadie nunca más quisiera prestar nada a ninguna administración. Tal vez sea así, pero tal y como he dicho muchas veces las administraciones se han de financiar con impuestos, no con créditos, y en todo caso sí se podrían pedir créditos fuera de este sistema de devolución cuando esta devolución se garantizara únicamente con nuevos ingresos futuros provocados directamente por la inversión para la que se solicita financiación. Por ejemplo, se podría pedir un crédito para hacer una ampliación de un puerto a cambio de comprometer los ingresos netos adicionales por tasas derivadas de las nuevas instalaciones. Lo que no debería hacerse nunca es comprometer los ingresos impositivos generales futuros para la construcción de un aeropuerto sin aviones, por ejemplo.

Esto es, en definitiva, definir formalmente en qué condiciones y qué consecuencias tiene la figura de la suspensión de pagos en una administración con un objetivo análogo al que tiene teóricamente en el mundo de las empresas: que los acreedores terminen cobrando la mayor parte si no la totalidad de sus créditos sin tener que cerrar una empresa viable. Y nadie puede negar que una administración pública merece ser protegida más que cualquier empresa privada.

Por poco que se sigan las noticias del ámbito político y legislativo es fácil darse cuenta de que el gobierno del PP maneja la máquina de legislar como si fuera la última vez que pudieran disfrutar de mayoría absoluta. Des-regular y hacer una contrarreforma tras otra, hacer desaparecer derechos y hacer aparecer normas represivas que se tenían por superadas es el contenido semanal de la actividad del gobierno tal como podemos comprobar en la mayoría de las ruedas de prensa de los viernes.

Hay un tema sin embargo que me ha llamado la atención y que pienso que merece ser examinado. Resulta que el ministro Gallardón está preparando una modificación del código civil para facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España por el Edicto de Granada, que promulgaron los Reyes Católicos en 1492 a instancias del Gran Inquisidor.

La medida en concreto permitiría a todos los judíos que pudieran demostrar su pertenencia a la rama sefardita del judaísmo adquirir la nacionalidad española siguiendo un trámite administrativo, sin necesidad de haber residido nunca en España ni tener intención de hacerlo, y sin tener que renunciar a cualquier otra nacionalidad que puedan tener actualmente. Se trata de todo un regalo que ya está levantando mucho revuelo en Israel, por la perspectiva que da de conseguir un pasaporte de la Unión Europea sin tener que renunciar a la nacionalidad israelí, y por lo tanto tener abiertas todas las puertas de la Unión Europea para viajar, trabajar, estudiar o lo que sea.

A primera vista, parece de justicia reparar la indefendible expulsión que ordenaron los muy católicos reyes, pero el caso es que por un lado los judíos sefardíes no fueron ni mucho menos las únicas víctimas de la Historia de España y por otro lado la reparación de su caso ya está bastante hecha desde hace años.

Así, en 1924, el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera promulgó un decreto legislativo que aún sin mencionar a los judíos sefardíes les facilitaba la adquisición de la nacionalidad española "por carta de naturaleza", y de hecho pudieron usar esta norma para adquirir la nacionalidad y la protección del estado español durante muchos años. Esta norma por ejemplo se usó para proteger a un buen número de judíos sefardíes que huyendo de la persecución nazi consiguieron un pasaporte español y con él escaparon de la muerte.

En 1969 otro dictador, Franco, derogó formalmente el Edicto de Granada de 1492, asegurando de esta manera que ningún judío se debiera sentir expulsado ya de España, y en 1982, gobernando todavía la UCD bajo la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, se modificó el código civil español para acelerar la adquisición de la nacionalidad española (acreditando sólo dos años de residencia legal) a "los sefardíes".

Con todo ello no se acaba de entender esta generosa pasión reparadora del agravio de 1492 por parte del gobierno de un estado que a estas alturas no ha movido ni una coma de la expulsión de los moriscos de 1609 a 1610 (un caso muy parecido si es que no idéntico al de los sefardíes), ni ha buscado a los descendientes de los exiliados de tantas guerras civiles que ha habido, ni ha pedido perdón por los crímenes cometidos por 4 siglos de imperio colonial... y más aún un gobierno como el actual que tiene consciente y deliberadamente paralizada la recuperación de la memoria histórica y extrema las medidas represivas contra la inmigración ilegal (especialmente cuando se trata de gente pobre).

¿La reforma que quiere hacer ahora el PP en favor de la comunidad sefardí es justa? Examinado el caso comparativamente claro que no. Como mínimo y en la misma lógica los descendientes de los moriscos deberían tener un trato equivalente, y no es el caso ni con este proyecto ni en la versión actual del código civil, que ya menciona como he dicho antes a los sefardíes. El derecho de adquirir la nacionalidad española con sólo dos años de residencia se otorgó con la modificación del código civil de 1954 (con Franco) para los nacionales de los países iberoamericanos y de Filipinas, y en 1982 se amplió a los nacionales de Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal y como ya he dicho "los sefardíes" (sean de donde sean). Como se ve una relación hecha con mucho espíritu imperial pero que descuida otros antiguos dominios o condominios de la gloriosa historia de la España imperial, como los países bajos, el sur de Italia, el norte de Marruecos, el Sidi-Ifni o el Sáhara Español. Y obviamente excluye a los descendientes de los moriscos, repartidos especialmente por todo el norte de África y el Mediterráneo oriental.

¿La discriminación positiva en la adquisición de la nacionalidad es necesaria? Países como Francia o Alemania no tienen disposiciones de discriminación positiva a la hora de adquirir la nacionalidad y las muy generosas que tenía el Reino Unido justo después de la era victoriana se acabaron limitando mucho para evitar que medio mundo se paseara con un pasaporte británico en el bolsillo. En una visión realmente democrática de la soberanía y la ciudadanía, la nacionalidad no es un privilegio otorgado por el gobernante sino un derecho que se corresponde con la convivencia en régimen de igualdad en el territorio que delimita el estado-nación. Ningún gobierno debería poder ir regalando pasaportes que por cierto no harán pagar necesariamente impuestos pero sí darán derecho a voto por correo a través del correspondiente consulado. En este sentido el lector ya se habrá dado cuenta por cierto de que todos estos cambios para introducir preferencias en la adquisición de la nacionalidad los han introducido siempre gobiernos de la derecha más recalcitrante.

¿Qué consecuencias pueden tener estas disposiciones? Si el PP saca adelante el cambio que quiere hacer, sin moverse de su casa ni renunciar a su nacionalidad actual podrían adquirir la nacionalidad española todos los sefardíes que lo deseen, y sólo en el Estado de Israel hay unos 2 millones de sefardíes (fuera de Israel, repartidos por todo el Mundo seguro que hay un número aún mayor, no se tiene ni idea de cuántos). ¿Esto no es problema? Nunca se adoptaría una medida equivalente para los descendientes de los moriscos, porque de éstos sólo en Marruecos, es decir, aquí al lado, ya hay 5 millones y como muchos de estos sí que vendrían, el ferry de Algeciras no daría abasto. Vengan o no vengan a residir y a reclamar servicios en España, la nacionalización de millones de ciudadanos extranjeros sería un hecho como mínimo políticamente desestabilizante y socialmente inasumible.

Lo que necesitamos imperiosamente son políticas de residencia y de nacionalidad que resuelvan de forma justa la situación de todas las personas que ahora mismo malviven sin papeles en este país y por lo tanto sin la posibilidad de acceder a un trabajo legal ni de gestionar con normalidad el día a día de su existencia. Y el PP por cierto va exactamente en la dirección contraria en este tema.

Que se dejen de jugar con la nación y la nacionalidad española. Quizás están pensando en empadronar a todos los sefardíes que pidan la nacionalidad en territorio catalán a efectos electorales, para ver si así rebajan la mayoría independentista.

En 1492 se dice que se expulsaron entre 50.000 y 200.000 sefardíes como máximo. Sólo en 2011 se expulsaron 11.000 migrantes sin papeles. ¿Dentro de 521 años alguien hablará de dar papeles a los descendientes dispersos por el Mundo de esta última gente? Cada cosa tiene su momento y el problema lo tienen y lo tenemos ahora.

Caso Esther Quintana. Esta mujer perdió un ojo por el impacto de una bala de goma (así lo corroboró el forense). Interrogado Felip Puig, el Consejero de Interior de entonces, afirma que a la hora y en el lugar donde presuntamente Esther Quintana perdió el presunto ojo no había ningún mozo que le pudiera disparar. Cuando los vídeos demostraron lo contrario se reconoció que sí, que los antidisturbios estaban en la zona pero que no efectuaron ningún disparo de ningún tipo. 8 Meses después de los hechos y abrumados por la profusión de vídeos que cuestionaban la versión oficial Ramon Espadaler, nuevo Consejero de Interior, informa de que siete mozos acababan de reconocer que sí, que dispararon el 14N en la zona donde estaba Esther Quintana, pero que fueron salvas, no pelotas de goma. Aparentemente el ojo de Esther Quintana saltó espontáneamente debido al susto provocado por las salvas... y ya veremos en qué acaba todo cuando el juicio quede visto para sentencia, toda vez que ante el juez los mossos imputados niegan ahora haber disparado.

Caso 15M (desalojo de la Plaza Cataluña). Ante la resistencia pacífica de unas decenas de manifestantes sentados en el suelo, los antidisturbios se aplican a golpear a la gente que se niega a abandonar un espacio público en pleno día. Hubo muchas personas heridas, y muchas más humilladas cuando no querían otra cosa que ejercer pacíficamente su derecho de manifestación. Se presentaron 57 denuncias pero sólo una ha llegado a juicio y ahora ya está esperando sentencia. La fiscalía pide la absolución por falta de pruebas a pesar de que el acto está grabado en vídeo y el agente encausado se reconoce como el agente antidisturbios que sale en este vídeo. Las otras denuncias no han prosperado porque no se han podido identificar los agentes causantes de las lesiones.

Ideológicamente me considero antiautoritario, pero aún así reconozco que la sociedad debe poder defenderse, con el uso de la fuerza si es necesario, de todas aquellas personas que amenacen a los inocentes rompiendo las leyes que la misma sociedad se haya dado de una forma justa y democrática. Seguramente los policías son necesarios en cualquier modelo de sociedad futura, nos guste o no, les buscamos un nombre diferente o no. Pero con toda seguridad ni en una sociedad futura ni en ésta no es aceptable que los policías actúen impunemente al margen de la ley.

En el caso de Esther Quintana no puede ser que el Consejero de Interior y el Director de los Mossos nieguen las evidencias cuando evidentemente en un operativo como el de la huelga del 14 de noviembre tienen permanentemente localizadas vía GPS todas las unidades que intervienen y cuando desde el último agente hasta el jefe del operativo tienen la obligación de informar de todas las intervenciones.

El caso del 15M, menos grave desde el punto de vista del aspecto físico de las lesiones, pero en el cual resulta vergonzoso que las denuncias se puedan archivar "por no haber podido identificar a los mossos denunciados". Me pregunto cómo puede ser que un juez no ordene a la Consejería de Interior que identifique a los antidisturbios que la propia Consejería envió ese día a la Plaza Cataluña, para que sean interrogados en sede judicial con el objeto de reconstruir los hechos. Y aunque el juez no lo pida, no entiendo como puede ser que la propia Consejería no dé esta información. ¿Qué sentido tiene exigir normativamente que los policías lleven su número de placa visible si después los agentes se la quitan impunemente y encima los responsables policiales aprovechan esta circunstancia para encubrirlos?

Más recientemente, el barcelonés Juan Andrés Benítez ha muerto como consecuencia de una crisis cardíaca desencadenada mientras era objeto de una violenta detención a manos de ocho mozos de escuadra en el Raval. Los agentes alegan que no aplicaron más fuerza de la necesaria por la actitud del detenido, que era por cierto quien los había llamado al considerarse víctima de un delito. Esperamos que el juez averigüe la verdad a pesar de los esfuerzos de los compañeros de los propios mozos, que limpiaron con un cubo de agua pruebas físicas y pidieron puerta a puerta la entrega de las filmaciones que hicieron los vecinos, y no para ponerlas en manos del juez. Con los precedentes que hay, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de todo esto?

A la vista de la situación a Manel Prat, director de los mozos, alguien le debería explicar que "dimitir" no es un nombre ruso.