Es conocida la relación de poderes que definió hace más de dos siglos y medio el barón de Montesquieu: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todavía en el siglo XVIII Edmund Burke propuso a la prensa (ahora hablaríamos más extensamente de los medios de comunicación) como cuarto poder y muy recientemente hay quien habla de un quinto poder (la capacidad de los Estados a la hora de intervenir en la Economía según unos o "Internet" según otros) e incluso de un sexto al cual se ha dado en llamar el "poder territorial".

Desde mi punto de vista, aparte de la mayor o menor fortuna retórica de cada propuesta, ninguno de los poderes añadidos a la propuesta clásica se puede considerar un poder público dimanante de la soberanía colectiva que sea sustancialmente diferente de los tres primeros. 

El poder de la prensa, los medios de comunicación o lo que sea que se quiera atribuir a la Red, no es una potestad pública creada por consenso social. Ciertamente, la información, o más bien la capacidad para difundirla (o esconderla, o disfrazarla) es un instrumento tremendamente poderoso. Se puede hacer mucho daño con ella, como se puede hacer mucho daño con las armas y también se puede hacer mucho bien con la información, al igual que con los avances científicos. Pero por muy poderosa que sea, no nace de un consenso social mediante el cual confiamos esta fuerza a una institución colectiva para que la ejercite de forma exclusiva. Y afortunadamente es así, hay que decirlo. 

En cuanto a la capacidad de los Estados a la hora de intervenir en la economía o de las expresiones territoriales de los poderes públicos, no son más que eso, actividades y expresiones de algunos o de todos los poderes definidos por Montesquieu. 

Sin embargo, justamente en estas primeras décadas del siglo XXI está realmente viendo la luz un nuevo poder, cada vez más autónomo y diferenciado de los otros tres, que es el poder monetario-financiero, y que a diferencia de los otros ejerce una gobernanza si no completamente global, sí altamente transnacional. 

Como los poderes clásicos, el poder monetario-financiero nace aunque sea indirectamente del consenso social, siendo el caso que su nacimiento (si se quiere su diferenciación) es muy reciente. Se puede decir que la semilla que creó las condiciones para su aparición fue el abandono a escala global del patrón oro para la determinación del valor de las divisas, y la creación de las instituciones del acuerdo de Bretton Woods : el Banco Mundial y muy especialmente el Fondo Monetario Internacional. 

Efectivamente, el abandono del patrón oro exigía ciertas reglas, cierta disciplina, que garantizara un clima de confianza mutua entre los países y la necesaria seguridad económica respecto de las transacciones económicas y comerciales internacionales. Los bancos centrales de los distintos países debían garantizar tanto como les fuera posible la estabilidad de los tipos de cambio entre las diferentes divisas utilizando con este objetivo las potestades dimanantes de los poderes públicos, como es la capacidad de regular el volumen de masa monetaria en circulación, actuando básicamente sobre los tipos de interés públicos y la capacidad reglamentaria de supervisión sobre la banca privada. 

Naturalmente, en origen y aún hoy en parte, estas potestades no eran nada diferente de otras actividades del poder ejecutivo de cada estado, reguladas por los respectivos parlamentos y vigiladas por los correspondientes órganos judiciales. Pero como decía, las necesidades del comercio internacional, en el contexto creado por la ausencia de una referencia objetiva común del valor monetario (el oro), han obligado a cada vez más países a establecer acuerdos y a subordinarse a instituciones como el FMI o el BCE (Banco Central Europeo) simplemente para contar con una divisa creíble en las transacciones internacionales. 

La única alternativa que utilizan muchos países periféricos es la de renunciar a la divisa propia en el comercio internacional y operar con alguna moneda fuerte extranjera, típicamente el dólar. Pero esta alternativa significa en la práctica abandonarse a la política monetaria del banco central emisor de la divisa (la FED, Reserva Federal de EEUU, en el caso del dólar). Por ejemplo, si la FED decide devaluar el dólar poniendo en circulación grandes cantidades de billetes nuevos, el valor de la reserva de divisas de los países que operan en dólares cae dramáticamente, llegando a sufrir auténticas crisis económicas regionales por esta causa. 

Y es por esta razón pues que hoy en día se tiende cada vez más a cerrar pactos que aseguren tipos de cambio estables o cuando no, tenemos que los bancos centrales de las divisas más fuertes se vigilan entre sí "copiando" medidas como los tipos de interés público. Sea como sea, ni los gobiernos ni los parlamentos estatales tienen ya plena capacidad para decidir políticas monetarias y se impone cada vez más claramente la necesidad de identificar las instituciones que ostentan de facto el poder monetario-financiero y abrir el debate social sobre cómo se organizan estas instituciones, qué poderes tienen y cómo se controlan. 

En resumen, ha nacido ya hace algún tiempo un nuevo poder y hay que abrir el debate social en torno a su encaje respecto de los otros poderes y respecto de la voluntad democrática de los pueblos.