EL LABERINTO DE LA DEUDA O POR QUÉ NO DEBEMOS PAGARLA

Acabo de leer un estudio de Agustín G. Turiel Martínez sobre la legitimidad de la Deuda cuya lectura recomiendo y en el que se argumenta de forma sólida que la Deuda contraída por el Estado para fines diferentes a los de su propio funcionamiento (por ejemplo para reflotar bancos) es ilegítima.

Ofrece un planteamiento interesante pero también polémico tanto desde una óptica pro-sistema como desde la contraria. Desde el discurso dominante ya se argumenta por ejemplo que rescatar bancos (un motivo de ilegitimidad según Turiel) es una necesidad pública, ya que si entra en quiebra una porción importante del sector financiero todo el sistema de crédito se colapsará y la economía se paralizaría. Desde una óptica opuesta se ha de denunciar que ese concepto de ilegitimidad es muy restrictivo (el propio autor del informe lo reconoce de algún modo al final) y no tiene en cuenta otras cuantiosas formas de deuda que pesan como una losa sobre nuestro futuro y nuestro presente, como el déficit tarifario acumulado que el Estado reconoce al sector eléctrico o las concesiones de peaje (tanto las convencionales como las llamadas “a la sombra”) por la construcción de infraestructuras, etc. Tampoco se apunta por cierto al hecho de que las medidas de reducción de los derechos de jubilación (alargando la edad de jubilación y cambiando los criterios de cálculo de las pensiones para asegurar pagos menores a los beneficiarios) no son otra cosa que la condonación de derechos económicos futuros, o lo que es lo mismo deuda del Estado a favor de los futuros pensionistas y que ahora está en buena parte secuestrada en la “Caja de la Seguridad Social” en forma de títulos de deuda pública, mientras los sucesivos gobiernos toman medidas para no tener que hacer efectiva esa deuda nunca.

Pero entonces, ¿cómo separar el grano de la paja y tomar una decisión sobre cómo afrontar el dilema del pago de la deuda?

Turiel dice en su informe que sí es legítima la deuda que se contrae para pagar gastos corrientes o de capital de las administraciones, pero a mi me gusta partir de un principio muy claro: los servicios y bienes públicos se han de pagar con impuestos, no con créditos. Si se pagan servicios de hoy con créditos, entonces los estamos pagando con el dinero de los contribuyentes del futuro (que posiblemente no se beneficiaran del gasto a crédito actual y que desde luego no pueden opinar hoy). Y naturalmente por el camino dejaremos una buena tajada extra al prestamista.

La doctrina económica keynesiana dice que contraer deudas, “hacer una política económica expansiva”, está justificado en la medida en que con ello se estimula el crecimiento económico, y de ese modo el retorno de la deuda lo afronta en su momento una economía que ya ha crecido tanto o más que toda la deuda contraída junto con sus intereses. Por ejemplo, un Ayuntamiento contrae un crédito para urbanizar un terreno con la confianza de que los ingresos extra por impuestos que le vendrán de los futuros ocupantes del terreno no sólo pagarán el crédito, sino que además aumentarán a largo plazo la prosperidad de todo el municipio.

En ese sentido, la mayor parte de nuestros problemas de hoy se deben a recientes políticas económicas expansivas (incrementando gastos y disminuyendo ingresos por la vía de la reducción de impuestos), políticas que se aplicaron en momentos históricos en los que seguramente no eran necesarias y que han acabado como el cuento de la lechera o más bien como el cuento del aeropuerto sin aviones.

Pero retomemos la idea de endeudarse a cuenta de la prosperidad futura. Supongamos que un gobernante brillante y competente contrae una deuda importante para sacar adelante un proyecto de desarrollo que efectivamente cumple las premisas keynesianas. ¿Cómo y cuándo sabremos con certeza que el resultado esperado se produce? Cuando tenga que devolverse el crédito y veamos que los ingresos por impuestos de la Administración interesada han crecido al menos lo suficiente para devolver ese crédito sin reducir los recursos reales destinados al resto de los servicios públicos preexistentes.

Esta prueba sobre la idoneidad de las inversiones a crédito es esperable que no la pasarán las inversiones improductivas (o estúpidas, por llamarlas de otro modo) o el pago de gastos de funcionamiento ordinario que se han de pagar con créditos porque se han reducido los ingresos ordinarios a base de suprimir o reducir impuestos. Como tampoco por cierto es de esperar que pasen esta prueba los créditos solicitados para afrontar pagos derivados de facturas anormalmente infladas o de gastos extra derivados de una gestión ineficiente o corrupta.

En lo concreto, el momento de comprobar si las deudas contraídas fueron adecuadas es hoy, y la respuesta parece ser que es que no, visto que no tenemos capacidad ni para reducir o simplemente para contener el volumen de la deuda. Es más, las obligaciones de la deuda están deteriorando hasta tal punto nuestra economía que cada vez somos menos capaces de devolver los créditos manteniendo el tono de la actividad económica y el nivel de los servicios públicos básicos.

Este simple hecho demuestra así que toda la deuda acumulada actual es globalmente fruto de los errores y de las irresponsabilidades de todos los gobiernos pasados, y lo único razonable en este caso es declarar si no su anulación sí su aplazamiento condicionado a la existencia de un crecimiento económico real del PIB (esto es, por encima de la inflación) y del consecuente crecimiento de los ingresos de las haciendas públicas. Mientras esas condiciones no se den, ninguna administración debería hacer frente ni a los pagos del principal de la deuda ni a los de sus intereses.